Amnistía Internacional señala a la presidenta Dina Boluarte por violaciones de derechos humanos en protestas
Posible responsabilidad penal de la presidenta Boluarte por muertes en protestas.
En un informe presentado hoy en Lima, Amnistía Internacional Perú ha revelado posibles responsabilidades penales de la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios en relación con las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas en Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Este informe, titulado "¿Quién disparó la orden?”, destaca la grave situación de derechos humanos vivida durante esos meses.
Para los voceros de Amnistía Internacional entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, Perú vivió uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en su historia reciente. Las protestas surgieron a raíz de la destitución del expresidente Pedro Castillo, y se extendieron por todo el país, resultando en la muerte de 50 civiles y un policía, además de más de 1,400 personas heridas. Según el informe presentado en la mañana del 18 de julio, estas violaciones fueron consecuencia directa de decisiones tomadas por la presidenta Dina Boluarte, sus ministros, y altos mandos policiales y militares.
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Decisiones Letales
El informe detalla y destaca cómo, en lugar de tomar medidas para reducir la violencia, la presidenta Boluarte mantuvo una retórica de apoyo a las fuerzas de seguridad y vilipendió a los manifestantes calificándolos de "terroristas" y "criminales". Durante los tres meses de protestas, Boluarte se reunió varias veces con comandantes militares y policiales, teniendo múltiples oportunidades para condenar el uso excesivo de la fuerza, pero no lo hizo. Al contrario, continuó elogiando públicamente a las fuerzas de seguridad y ascendiendo a funcionarios clave, como el general responsable de las operaciones policiales que resultaron en múltiples muertes.
El documento presentado por Madeleine Penman, investigadora para América del Sur de Amnistía Internacional, destaca que la Policía Nacional del Perú (PNP) utilizó planes de operación que permitían el uso de fuerza letal contra los manifestantes, violando tanto la legislación peruana como el derecho internacional. En ciudades como Andahuaylas y Juliaca, la respuesta policial fue particularmente letal. En Andahuaylas, el 12 de diciembre de 2022, fuerzas especiales de la policía dispararon munición letal contra manifestantes, resultando en la muerte de dos jóvenes. Pese a estos hechos, los superiores continuaron con las mismas tácticas en Juliaca, donde el 9 de enero de 2023 murieron 18 personas y más de 100 resultaron heridas.
Según la denuncia, a pesar de la evidencia de violencia excesiva por parte de las fuerzas de seguridad, la presidenta Boluarte no tomó medidas para detener los abusos ni sancionar a los responsables. Por el contrario, ascendió a funcionarios involucrados en la represión. Luis Alberto Otárola, quien era ministro de Defensa durante las protestas y estuvo presente en reuniones clave, fue nombrado presidente del Consejo de ministros pocos días después de los eventos letales en Ayacucho. Además, el general de la PNP responsable de las operaciones, fue ascendido a Comandante General de la Policía.
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Llamado a la Justicia
A 18 meses de estos hechos, las investigaciones penales avanzan lentamente. Amnistía Internacional insta a las autoridades peruanas a redoblar esfuerzos para garantizar justicia para las víctimas y sancionar a los responsables sin importar su rango. La organización subraya la importancia de investigar a toda la cadena de mando, incluyendo a los altos mandos de la PNP y las fuerzas armadas, así como a la presidenta Dina Boluarte y sus ministros.
El informe de Amnistía Internacional hizo un llamado urgente a las autoridades peruanas para que garanticen el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos.
“Vi en los videos cómo masacraron a mi hermano”
Testimonio de Yanina Mendoza, presidenta de la Asociación de familiares asesinados y heridos el 15 diciembre.
“Ya sabemos quiénes han ejecutado a nuestros familiares, quienes han causado tanto, tanto daño al Perú. Esto se ha podido detener. Esto se ha podido evitar simplemente con las palabras de la señora Dina. Se pudo haber frenado todo esto porque ella tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo desde las primeras muertes que ha ocasionado en Andahuaylas”.
“Nadie quiso tomar el aeropuerto. Aquí deben de saber bien claro por qué ingresaron los hermanos a los aeropuertos, porque desde un principio ya se iba viendo de que del aeropuerto empezaban a tirar los gases lacrimógenos. Inmediatamente se veía que estaban trasladando con helicópteros hacia el aeropuerto a muchos militares y también a policías, y es por eso que la población quiso que ya no haya más muertes”.
“¿De qué forma? Deteniendo que ya los helicópteros no sigan trasladando a más militares, a más policías, para que sigan reprimiendo, matando y masacrando a la población. Que se sepa que en ningún lugar hubo las intenciones de toma de aeropuerto, como dicen. Lo único que querían hacer los hermanos era evitar más muertes, evitar más heridos, evitar esta masacre. Porque más hablo yo de masacres, porque sí han ocurrido masacres, porque se ve claramente cómo han sido asesinados. Yo soy la hermana de John Henry. Yo vi en los videos cómo masacraron a mi hermano. Porque ya él una vez que ya le habían disparado. Porque a él le disparan por la espalda. Porque mi hermano ni siquiera estaba en la protesta. Este gobierno no puede decir que han ido porque eran vándalos o algo. Ya basta de decirnos vándalos, porque ningún a nadie se le ha probado de que son vándalos y mucho menos de que son terroristas”.
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