Detienen en Colombia a mujer con alerta de Interpol por explotación sexual de menores en Ecuador
La detenida es señalada de inducir a menores de edad a realizar prácticas sexuales en Ecuador.
Las autoridades colombianas detuvieron a María Antonia Zapata Murcia, quien era buscada por la justicia ecuatoriana por su presunta implicación en casos de explotación sexual de menores y pornografía infantil.
La detención se produjo tras emitirse una circular roja de la Interpol en su contra, lo que facilitó el arresto de la colombiana en Quindío, un departamento del centro oeste del país.
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Su ubicación fue posible gracias al trabajo conjunto de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Policía Nacional y del Gaula Militar, con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos y la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales (TCIU) de Ecuador.
La Unidad Judicial Penal del Cantón Ambato, en la provincia de Tungurahua, señala que Zapata Murcia habría inducido a varias menores de edad a realizar actividades de tipo sexual con hombres mayores en un inmueble de Riobamba (Chimborazo), el 13 de enero de 2017.
Según el reporte, una de las víctimas, de 15 años, fue abusada sexualmente mientras la hoy capturada presuntamente tomaba fotografías y grababa en video con el propósito de difundir el material explícito. Esta actividad ilícita, al parecer, la repitió en otras ocasiones.
La Fiscalía de Colombia informó que hará "las comunicaciones de rigor para que se surtan los trámites legales y diplomáticos que permitan la comparecencia de la ciudadana colombiana ante la justicia de Ecuador".
Por lo que la detenida será puesta a disposición de las autoridades competentes para que pueda comparecer ante la justicia de Ecuador.
El delito de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes (NNA) está tipificado en los incisos 1 y 3 del artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
Esta pena se incrementa si la persona infractora es un padre, madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenece al entorno íntimo de la familia; así como si se trata de un ministro de culto, profesor, maestro, o persona que, por su profesión o actividad, haya abusado de la víctima.
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