El estado crítico del IESS: fondos de salud y pensiones en peligro
La radiografía más completa y actual sobre los fondos de salud y pensiones, de la seguridad social, pronostica que 2020 es el inicio de un período crítico. La pandemia complica la situación, porque éste es el primer año en que el fondo de salud empieza a operar con cifras en rojo. En 2015 se subió la tasa de salud, irónicamente, la medicina fue peor que el mal.
Nadie estaba preparado para una pandemia. La seguridad social no es la excepción. Dos estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los fondos de salud y pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), respectivamente, diagnostican la gravedad de la situación, antes del coronavirus. El brote epidémico complica el panorama.
Paciente crítico. Enfermedad crónica. La causa: falta de oxígeno y recursos. Esa es la radiografía que dan ambos estudios, publicados este abril, con corte a 2019.
Los documentos coinciden: la sostenibilidad de los seguros de invalidez, vejez y muerte (pensiones) y de salud dependerá del pago de las obligaciones estatales pendientes.
¿Cómo se obtendrán esos fondos ahora, cuando el escenario se agravó en medio de la tragedia sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus?
El abogado Manolo Rodas Beltrán presidió el Consejo Directivo del IESS entre febrero y diciembre de 2018. En su gestión, se firmó el convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Oficina para Países Andinos: el acuerdo viabiliza la realización de los estudios. Los informes técnicos sobre pensiones y salud acaban de publicarse; tienen el aval del Departamento de Protección Social de la OIT.
“El objetivo que nos propusimos al firmar el convenio fue transparentar la situación y abrir el debate nacional sobre la seguridad social, con datos técnicos; ya que como insumo se utilizó la información proporcionada por la dirección actuarial del IESS”, explica Rodas a Vistazo. “Tras revisar los escenarios que plantea la OIT, la información debe causarnos preocupación sobre la sostenibilidad de los fondos de salud y pensiones”, advierte.
En ambos casos -salud y pensiones-, la crisis es causada por el incumplimiento de obligaciones estatales. Mientras se cierra esta edición, el Legislativo discutía la aprobación de un cuerpo legal para enfrentar la emergencia nacional. No es claro si los cambios afectarán la autonomía administrativa del instituto de la seguridad social ecuatoriana. Pero podría haber un conflicto de intereses: el Estado no puede meter sus narices en los fondos de la seguridad social, ya que es el principal deudor.
HOSPITAL CEIBOS. Su construcción fue planificada en 2011; arrancó en 2016, cuando el fondo de salud estaba fortalecido por el incremento temporal de las tasas de aporte de los contribuyentes. Durante la pandemia, este centro hospitalario mostró sus graves deficiencias.
La enfermedad del fondo de salud
Los síntomas se harán notorios en el curso de este año 2020, cuando los egresos superen ampliamente a los gastos, a menos que el Fisco entregue los valores que adeuda.
Según la proyección, los ingresos bordearán los 1.900 millones de dólares; y los gastos, 2.422 millones. En contraste, en 2019, los ingresos tuvieron un superávit cercano a los 50 millones.
El 62 por ciento de quienes reciben atención médica en el IESS son los afiliados; el 30 por ciento está formado por el grupo de los menores de 18 años. El resto, los jubilados. La mayoría de atendidos busca los servicios de consulta externa, son las dos terceras partes. Pero este panorama cambió con la pandemia.
El 94 por ciento de los ingresos del fondo de salud proviene de los aportes de los afiliados. La salud está en hombros de los aportantes, pero decisiones políticas pusieron en riesgo al sistema.
En 2015, una controversial resolución del Consejo Directivo de la época, presidido por Richard Espinosa, redistribuyó los valores de los aportes. Subió el porcentaje de salud y bajó el de pensiones.
Esta resolución de 2015 (conocida como CD 501) es cuestionada por el informe técnico de OIT. Al respecto, critica que: “No corrigió las causas que originaron los problemas de equilibrio financiero del Seguro de Salud; solo alivió temporalmente su situación financiera y lo dejó en una situación más precaria, notoria a partir del año 2021, respecto a la que tenía cuando dicha norma fue emitida”. Esto se complica por dos factores: la tasa de cotización quedó en un nivel más bajo que cuando se emitió la resolución de 2015; y, los gastos de operación se incrementaron debido, en parte, a la construcción de nuevos establecimientos de salud.
Richard Espinosa fue responsable de la resolución que cambió la distribución de las tasas de aportes, en 2015. Subió el valor de salud y bajó el de pensiones. Paradójicamente, esto debilitó más al fondo de salud, como lo revela este reportaje.
La deuda del Estado por el rubro de Salud en cuanto a jubilados y a enfermedades catastróficas asciende a 3.280 millones de dólares, establece el estudio.
Según explica Rodas, “el origen de la deuda es 2001, la Ley de Seguridad Social dice que el Estado debe pagar las atenciones de salud de jubilados y personas con enfermedades catastróficas”. La obligación fue borrada de los reportes contables, pero Contraloría exigió que se la volviera a registrar.
El gasto por atenciones a jubilados pasaría de 310 millones de dólares en 2018 a 669 millones en 2028; un incremento anual del ocho por ciento, estima el documento. La población jubilada crece al 4,3 por ciento anual; los costos médicos suben en 2,3 por ciento; y las atenciones encarecen uno por ciento, porque la población envejece.
Hay otro componente de la deuda. Se relaciona con las atenciones médicas prestadas por el IESS a otros seguros, entre ellos ISSFA e ISSPOL, al Seguro Social Campesino, y al propio Ministerio de Salud. “En 2018 se destinaron 256,8 millones a esas instituciones, de los cuales, solamente se cobraron 18,7 millones”.
El estudio analiza varios escenarios. El pesimista contempla que continúe el no pago de los montos por atenciones a jubilados y enfermedades catastróficas. De ser así, los gastos deberían ser recortados en 22 por ciento. “La situación empeora con el tiempo. Para 2022, más de un tercio de los gastos no tiene respaldo en ingresos”.
Pero la conclusión es más grave. “La situación de déficit que se espera en el período de proyección impediría mantener el superávit observado en 2019, y por tanto, integrar una reserva de contingencia para enfrentar situaciones no previstas, como una pandemia o algún desastre natural”.
DECISIÓN POLÍTICA. Richard Espinosa presidió el Consejo Directivo del IESS en representación de los gobiernos de Correa y Lenín Moreno. En su gestión se construyó el hospital IESS-Quito Sur, que durante la emergencia ha puesto a prueba su capacidad para atender a pacientes con coronavirus.
Fondo de pensiones, sin oxígeno
Entre 2015 y 2018, el Gobierno dejó de pagar el 40 por ciento de las pensiones de los jubilados. El informe de la OIT cuantifica en 5.531 millones de dólares el valor no pagado en ese período. La restitución de la obligatoriedad en el pago fue resuelta por la Corte Constitucional. Sin embargo, el Gobierno solamente cumplió con la obligación hasta fines de 2019. El pago se concretó en enero de 2020, según Felipe Pezo, exvocal del Consejo Directivo en representación de los empleadores.
En el análisis, los técnicos esbozan distintos escenarios para saber qué pasará con el fondo de pensiones.
Una de las posibilidades contempla que en lugar del 40 ciento, el Fisco apenas cubra el 28 por ciento. Esto es lo que ocurrió durante 2019. De seguir esa tendencia, el fondo tendría cifras en rojo desde 2025, y en 2034 se agotaría.
“Para mejorar la situación de equilibrio financiero en el corto y mediano plazos, se recomienda adoptar una política de extensión de cobertura del seguro de invalidez, vejez y muerte. Existe un buen margen para lograrlo, pues la cobertura actual se encuentra en alrededor del 40 por ciento de la fuerza de trabajo”, dice el estudio.
Sin embargo, la situación se agrava por la emergencia sanitaria. Según advierte Rodas, “Los datos partían de supuestos económicos, datos como el producto interno bruto, las cifras de empleo y el crecimiento económico, pero no consideran la pérdida de las plazas de trabajo en el sector formal y las reducciones en las aportaciones, por la pandemia”.
El escenario del atraso en el pago de obligaciones por parte de empleadores y aportantes fue contemplado en un documento interno del IESS, que establece la hoja de ruta crítica en medio de la pandemia. En este se recomienda priorizar el cobro de la deuda de salud al Estado.
El cobro de la deuda deberá ser asumido por el flamante presidente del Consejo Directivo, Jorge Wated. Él recibió el encargo, tras la salida de Paúl Granda.
Los efectos de la pandemia se sienten. Según Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, hay casi 150 mil afiliaciones menos en el IESS; de estas, el 45 por ciento, equivalente a 65.500 personas, se encuentran en Quito.
Rodrigo Ibarra, matemático y actuario, especialista en seguros y profesor de la Universidad San Francisco, alerta: “Pocos advierten las implicaciones de esta crisis, con 100 mil afiliados menos, y 400 mil en los próximos meses. Además, el retraso en el pago del 40 por ciento de pensiones a cargo del Estado. La iliquidez del fondo de pensiones del IESS es una bomba que puede explotar”.
La abogada Patricia Borja, autora del libro “La descapitalización del fondo de pensiones del IESS vs. el derecho de los afiliados”, advierte que el panorama es complejo; hay varios elementos en juego. El órgano rector del IESS no tiene un representante de los asegurados desde 2018. “La supresión de la contribución estatal del 40 por ciento al Fondo de Pensiones y la Resolución CD 501 son muestras del manejo antitécnico; causaron al fondo de pensiones un perjuicio de más de 8.000 millones de dólares”. La crisis sanitaria, explica la experta, provoca la pérdida de empleos y la disminución de ingresos por aportes. “Todo esto aumenta la preocupación por la sosteniblidad del fondo de pensiones”.
La seguridad social estaba en situación crítica antes de la pandemia. Ahora, requiere ir a cuidados intensivos.
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