Contraloría halla indicios de sobreprecio en dos contratos de la Empresa Municipal de Agua de Quito
La Contraloría General del Estado emitió dos informes con indicios de responsabilidad penal contra la Empresa Metropolitana de Agua de Quito (Epmaps), relacionados a las compras de insumos para enfrentar la pandemia.
En uno de los contratos por el servicio de desinfección de instalaciones de la empresa municipal se pagó $ 652.124. Al respecto, la entidad concluyó que la Epmaps pagó en exceso $ 0,59 por metro cuadrado”. Es decir, hubo un 269% de “diferencia no justificada”.
Además, la empresa tenía en su stock productos químicos para desinfección, como hipoclorito de sodio. “Sin embargo, se recurrió a la contratación del servicio y la provisión del químico PTDO2 para realizar esas tareas. No se justificó a auditoría, mediante estudios o informes técnicos, por qué se decidió utilizar ese producto”, señala la Contraloría.
Mientras que, el segundo contrato tiene que ver con un supuesto delito de peculado investigado por Fiscalía, en la adquisición de insumos de bioseguridad por parte de la Epmaps, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.
Según la entidad de control, el precio referencial de los insumos se estableció con base en tres ofertas presentadas y no mediante una búsqueda de precios en el Portal de Compras Públicas.
“La diferencia entre el costo total del contrato y el estudio de mercado efectuado por auditoría es de $ 73.544”, se concluyó en el informe.
Por este último caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos contra cinco funcionarios de la Epmaps, por su presunta participación en el delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción es de diez a trece años de privación de la libertad.
Durante la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía solicitó al Juez que dictara prisión preventiva en contra de tres de los procesados, por su participación directa en el contrato para comprar insumos de bioseguridad, con presunto sobreprecio: Guido A., gerente general de la empresa municipal; Óscar M., administrador del contrato de emergencia; y, Astrid A., del departamento de Salud Ocupacional y generadora de la necesidad de dicho contrato; mientras que para Juan A. y Adrián A. solicitó medidas sustitutivas debido a que las investigaciones preliminares no los señalan como responsables directos de esta operación.
La Unidad de Transparencia presentó como principales elementos de convicción: el contrato adjudicado a la empresa Silverti y el documento de transferencia por 83.000 dólares como anticipo a la empresa Silverti (la misma compañía investigada por peculado por la venta de bolsas para cadáveres, con posible sobreprecio, al Hospital IESS de Los Ceibos, en Guayaquil, y vinculada a Daniel Salcedo).
La Epmaps no llegó a pagar la diferencia del contrato, que ascendía a más de 179.000 dólares, debido a que Fiscalía allanó, el pasado 4 de mayo, el Hospital de los Ceibos y las operaciones de la empresa en mención fueron de conocimiento público.
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