Cirugía mayor a la corrupción se queda corta
En octubre de 2017, la Procuraduría General del Estado contaba con un informe que detallaba los montos que el Estado recuperaría como reparación de los dineros robados: 91 millones de dólares . Se trataba de los principales casos de la corrupción correísta que se investigaban en ese momento, como la trama de Odebrecht, y otros que llevaban años sin resolución, como el caso Cofiec. En la investigación contra el exvicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y otros involucrados, la Procuraduría reclamaba 40,7 millones de dólares. Paradójicamente, el equipo jurídico de la entidad llegó atrasado a la audiencia de juicio y este informe quedó fuera del proceso. La sentencia fijó solo la reparación de 33 millones de dólares , por las irregularidades cometidas en contratos de los sectores estratégicos. Algunas acusaciones que tenía la Procuraduría en ese momento se lograron incluir en los procesos, pero otras se dilataron en el camino de la cirugía mayor ofrecida por el presidente Lenín Moreno desde el inicio de su mandato, hace año y medio. En el caso Petroecuador se hablaba de más de 30 millones de dólares de perjuicio . Varios procesados, como el exgerente de la petrolera Álex Bravo, están pagando ya sus condenas, pero el dinero no aparece. Contra María Sol Larrea, ex coordinadora del IESS, se pedía reparaciones por más de 10 millones de dólares. Pero ella pagó solo 12 meses de prisión y salió en octubre pasado. Esta es solo una muestra de los casos judicializados. Las investigaciones describen el entramado de empresas offshore a través de las cuales se hicieron los pagos de coimas, en los casos Odebrecht y Petroecuador, pero el gobierno aún no encuentra la forma de recuperarlo. Y hay más. En agosto la Contraloría informó que había emitido títulos de crédito por 684 millones de dólares en contra de funcionarios que habrían cometido irregularidades. Según el ente de control, hay glosas por 1.150 millones de dólares . Y esto es solo una muestra de casos documentados. La Comisión Ciudadana Anticorrupción señalo que los fondos desviados serían 35 mil millones de dólares. Y, aunque ese monto parece descabellado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó un informe sobre los efectos de la corrupción en la contratación pública en América Latina. El estudio estima que Ecuador habría perdido 70 mil millones de dólares en los últimos diez años , producto de la mala gestión, mal gasto y corrupción en las compras públicas, en los últimos diez años. “La corrupción es un tema que nos afecta a todos. Los gobiernos deben fortalecer los mecanismos de control y los ciudadanos debemos reclamar esos recursos que se están perdiendo para obras en sectores de salud y educación”, explica Arnaud Peral, coordinador de Naciones Unidas en Ecuador, a propósito del Día Internacional contra la Corrupción que se conmemora el 9 de diciembre. Peral ofreció una entrevista exclusiva sobre este y otros temas que circulará en la edición impresa de Vistazo. Los laberintos de la corrupción A pesar de que Ecuador ya firmó un convenio de cooperación con Suiza para congelar las cuentas del exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, repatriar el dinero implica un largo proceso que puede tomar años. Parte de esos fondos habría salido para otros paraísos fiscales más difíciles de rastrear. Por eso, el gobierno contrató a cinco firmas internacionales para rastrear el dinero y a los testaferros, sin resultados visibles. Mientras tanto, no hay una normativa anticorrupción que frene estas prácticas . Moreno vetó totalmente una ley aprobada por la Asamblea e insertó otro proyecto para discusión . La propuesta plantea otorgar recompensas de hasta el 20 por ciento a quien informe dónde está el dinero robado. Uno de los puntos críticos es la “extinción de dominio” que permite decomisar los bienes de las personas involucradas en casos de corrupción sin que haya una sentencia condenatoria de por medio. Esto agilitaría los procesos de reparación integral para el Estado, ya que las autoridades podrían actuar con más agilidad. Pero discutir y hacer leyes es una constante que no da resultados, al menos desde 1979, según el catedrático Gabriel Hidalgo, quien explica que desde esa fecha se han propuesto 14 propuestas de ley anticorrupción. Uno de los mayores retrocesos habría sido la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la Constitución de 2008, que recibió más de 3.500 denuncias, de las cuales ninguna fue judicializada. Antes, operó la Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción, que en once años recibió más de 4.000 denuncias y judicializó 600 casos. Según analistas, otro de los factores que abrió el camino para la corrupción fue la creación de figuras de “giro específico de negocio” y “régimen especial” que permiten la contratación directa sin concurso. El gobierno ordenó a los funcionarios y entidades públicas que se abstengan de usar estas figuras que en la última década habrían dejado un perjuicio de 1.400 millones de dólares. Pero mientras se discuten estas reformas, el dinero saqueado no aparece y, con el paso del tiempo, se vuelve más difícil de rastrear.
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