El equipo de abogados del expresidente de Ecuador Rafael Correa reiteró este martes que Bélgica rechazará la solicitud de extradición remitida por la Justicia ecuatoriana para que cumpla una condena de ocho años de cárcel por cohecho.
El estudio de abogados belga Ius Cogens afirmó en un comunicado que, por la condición de refugiado que tiene el exmandatario, "las convenciones internacionales impiden de por sí dar seguimiento a esa demanda y prohíben esta extradición".
"Según confirmó el Ministerio de Justicia belga el 5 de mayo de 2022, la solicitud de extradición será denegada", recordó también el gabinete legal.
De acuerdo al equipo legal que encabeza el letrado Christophe Marchand, el estatus de refugiado que le otorgaron a Correa es un reconocimiento por parte de las autoridades belgas de "la persecución política en su contra".
En ese sentido, la defensa del expresidente consideró "incomprensible que Ecuador malgaste tiempo y dinero en traducir 3.000 páginas para poder solicitar la extradición a Bélgica", de la que consideran que no tiene por qué esperar una respuesta.
Entre los argumentos esgrimidos por el estudio legal está el artículo 33 de la Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951, que prohíbe la devolución de un refugiado a su país de origen.
También se acogen a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, al convenio bilateral de extradición entre Bélgica y Ecuador y a la ley belga del 15 de marzo de 1874 sobre extradición, que "prohíben conceder la extradición de una persona que ha sido reconocida como objeto de un proceso penal arbitrario y que, por lo tanto, corre el riesgo de sufrir una pena degradante en el fin de una flagrante denegación de justicia".
El expediente con el pedido de extradición solicitado por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador llegó a Bruselas el pasado viernes, según indicaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, encargado de trasladar la documentación a las autoridades belgas.
En Quito, las autoridades esperan que Bélgica responda a la extradición en un plazo de uno a doce meses.
El pedido de extradición fue anunciado el 22 de abril por el suspendido presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el mismo día que Marchand reveló que el expresidente había recibido el estatus de refugiado por parte de Bélgica.
Con esta solicitud, la Justicia ecuatoriana busca que Correa cumpla la condena de ocho años de cárcel a la que fue sentenciado en 2020 por cohecho, la misma que contiene una inhabilitación para ejercer cargos de elección popular que le impidió poder participar en las últimas elecciones de 2021.
Correa fue condenado por el caso "Sobornos 2012-2016", una trama en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.
Si bien la condena es ya firme e irrevocable, el exgobernante siempre ha negado las acusaciones de corrupción y ha aducido una persecución política contra él y otras figuras de su Gobierno como el exvicepresidente Jorge Glas.
Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica, de donde es oriunda su esposa, Anne Malherbe.
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