El intrincado camino de la rehabilitación de drogas en Ecuador

El único centro de atención a niños y adolescentes con consumo problemático de drogas que existe en Guayaquil, tuvo que cerrar sus puertas cuando empezó la pandemia. Pero no fue a causa de la COVID-19 que el CETAD (Centro Especializado en Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras drogas) Virgen de Fátima envió de vuelta a sus pacientes, muchos de ellos, niños que han sufrido abusos dentro del seno familiar. Ni siquiera calificaría como un problema técnico, porque el lugar está bien equipado y cuenta con el personal profesional necesario. La dificultad que enfrentan es más bien, burocrática.

El Municipio de la ciudad no les ha otorgado el permiso de uso suelo, un requisito que se exige a todo tipo de locales o entidades de bienes y servicios. El motivo: ningún centro de rehabilitación debería estar ubicado en una zona “residencial”, según una ordenanza municipal. Irónicamente, en estas zonas sí pueden funcionar zoológicos, locales de venta de alcohol al por mayor y hasta prostíbulos.

Y aunque han enviado varias cartas y solicitudes a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, no han obtenido respuesta. Mientras tanto, esta ciudad en donde 7 de cada 10 jóvenes son consumidores de droga o han consumido alguna vez, según el propio Municipio, sigue sin tener un centro de rehabilitación para tratar a menores de edad.

“Tenemos un licenciamiento que no nos ha servido absolutamente para nada. Nosotros estuvimos trabajando con adolescentes durante varios años, con buenos resultados, equipo multidisciplinario y de acuerdo a las normas internacionales, trabajamos con la población más vulnerable: niños de la calle, adolescentes con consumo problemático de drogas, pacientes con discapacidades, pacientes duales”, relata el médico psiquiatra Andrés Rodríguez, quien trabaja como voluntario en Virgen de Fátima.

El licenciamiento al que hace referencia Rodríguez, es la autorización oficial que necesita todo centro de rehabilitación de drogas para funcionar. Obtenerlo requiere aprobar una larga lista de requisitos, que van desde cierta cantidad de personal calificado, hasta una estructura con las dimensiones y equipos establecidos por la ley. El proceso es tan complejo que los dos únicos centros públicos de la ciudad -en donde los pacientes con consumo problemático podrían atenderse gratuitamente- no cuentan con licenciamiento. Lo que deja a Guayaquil con 4 centros legales privados (dos de ellos sin permiso de uso de suelo), y un gran número de clínicas clandestinas, de cuales se han cerrado 41 en los últimos dos años.

Intentamos obtener un pronunciamiento del Municipio de Guayaquil respecto a los permisos de uso de suelo para estos centros, pero no obtuvimos una respuesta. La autoridad de ACESS señaló que el Municipio está evaluando la situación.

Pero esto es apenas la punta del iceberg que representa las fallas del sistema ecuatoriano sobre el fenómeno socioeconómico de las drogas. En lo concerniente a rehabilitación -a la que solo 1 de cada 8 individuos logran tener acceso según el reporte 2020 de “Uso de Drogas y Consecuencias en la Salud” de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- el mayor problema es la desatención del Estado. Una realidad que contradice la norma, pues según la Constitución es obligación del Estado, el “ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, protegiendo sus derechos constitucionales y evitando su criminalización”.

Los dilemas en el tratamiento de adicciones

Aunque el abuso del consumo de drogas afecta a todo tipo de familias -independientemente de su nivel socioeconómico- el ciclo vicioso de esta problemática es más evidente en las poblaciones de escasos recursos. La pobreza, la educación limitada y ser parte de grupos socialmente marginados, implican un mayor riesgo a desarrollar trastornos por consumo de drogas, que a su vez merman la vida académica, laboral y familiar de estas personas. El ciclo se estrecha aún más ante las actitudes estigmatizantes y la limitada accesibilidad al tratamiento.

Al respecto, Ecuador atraviesa varios dilemas. El primero es que alrededor de 200.000 familias viven de cerca esta problemática, según el ACESS, pero en todo el territorio nacional solo hay 12 CETADs públicos, que en total suman 460 camas. Está claro que no todos pueden acceder al beneficio gratuito, así que solo quedan otros 45 centros privados con tarifas mensuales que ascienden hasta los 800 dólares, y en ciertos casos superan los 1.000 dólares. Además, están ubicados en 12 de las 24 provincias que tiene el país, lo que disminuye considerablemente el acceso a estos tratamientos para quienes viven en estas provincias, y aumenta la demanda de los centros clandestinos.

El segundo dilema está entre los CETADS que piden ayuda del Gobierno, la ley que exige al Estado la oferta de tratamientos de rehabilitación, y la falta de recursos del sistema de Salud que se ha desnutrido aún más con la pandemia del coronavirus.

“Falta todo... Lo que se está haciendo en Ecuador, a nivel gubernamental, institucional o ministerial, es nulo, es el mismo discurso: ‘vamos a hacer, se va a hacer, se quiere hacer’, pero no se hace, resalta el psiquiatra y máster en Adicciones, Ernesto Tabares, director técnico del centro Humanos, ubicado en Guayaquil.

La directora del mismo centro, Cecibel Portilla, asegura que el modelo de CETADs instaurado por el Gobierno no es rentable. El suyo -con licenciamiento condicionado- tiene una capacidad de 20 pacientes, para cuya atención se le exige tener: tres enfermeros auxiliares, dos psicólogos, un terapista ocupacional, dos psiquiatras, un ingeniero en Química, y una visitadora social.

“Con la infraestructura a la final haces la inversión, los departamentos y áreas requeridas, pero ¿cómo sostienes tanto talento humano? Aparte que es personal que se no lo utiliza al 100%, o no se lo requiere. Esto ha subido los costos de un tratamiento de adicciones”, reclama Portilla.

El tercer dilema está en el largo tiempo que demora acceder al licenciamiento. A ‘Comunidad Terapéutica Libertad’ único CETAD con permiso de funcionamiento en Quito, le tomó dos años conseguirlo. Durante ese tiempo no recibieron ingresos pues no podían atender pacientes, sin embargo, tuvieron que pagar alquiler, servicios básicos y personal. Otros cinco CETADs consultados también lo consiguieron en dos años, y nueve nos dijeron que el trámite les tomó 1 año.

El apoyo del Estado hacia estos centros se limita al asesoramiento que debe dar el ACESS para que puedan obtener el licenciamiento. Pero fuera de ello, 20 CETADs consultados aseguraron que no reciben ningún tipo de apoyo de parte de autoridades estatales y municipales. Solo cinco dijeron que alguna vez recibieron capacitaciones de la autoridad sanitaria.

Aunque no debería ser la norma, algunos centros han sorteado estas vicisitudes con la creatividad. Víctor Gavilanez y Héctor Cagua son dos jóvenes del suburbio de Guayaquil, que durante años fueron testigos de los abusos de las clínicas de rehabilitación clandestinas. Cansados de las malas prácticas de estos centros y de ver jóvenes consumidos hasta los huesos por la droga en su sector, crearon “Manantial de Vida”, una clínica que para mantenerse activa trabaja de la mano con sus pacientes, familiares y vecinos.

“Manantial de Vida es un lugar que está constituido con medidas de lucro, pero en realidad es como una fundación que nació desde nuestro corazón, iniciamos queriendo que el Gobierno nos pueda dar soporte, pero nos negaron... Luego dijimos: no importa, vamos pidiendo sabiduría estratégica”, dice Víctor.

Ellos no tienen una tarifa fija. Cobrar lo que vale su servicio significaría tener pocos o casi ningún paciente, así que ajustan el valor de acuerdo a cada caso, si una madre no puede pagar la tarifa base pero sí puede llevarle comida a su hijo durante el internamiento, el valor se reduce. “También tenemos un comité de Padres de Familias que ven las necesidades que tenemos y nos dan algún tipo soporte. Antes de la pandemia hacíamos bingos, rifas, presentación de shows, para generar un aporte extra a la institución”.

Otros CETADs como “Sembradores de Vida” en la provincia de Santa Elena, obtienen la ayuda que falta del Gobierno de parte de fundaciones y organizaciones religiosas. La crítica de su administrador, Marino Restrepo, es hacia la politización que se ha hecho alrededor del tema: “En época electoral veo que casi todos nuestros candidatos quieren formar centros de rehabilitación en Ecuador (...) pero más que la promesa de un solo candidato, se necesita la voluntad política de todos los gobernantes que estén en turno para invertir y hacer este trabajo social”.