¿Por qué hablar de regulación de drogas en Ecuador?

Cuando llegas a una prisión el olfato es el primer sentido en advertirlo, el perfume de la libertad se diluye por completo entre olores corporales -de todo tipo- y comida. Cualquiera pensaría que con el tiempo la nariz se adapta, pero para *Manuel 10 meses de encierro no logran hacerle olvidar ese particular hedor que se robustece al recordar por qué sigue ahí sin tener una sentencia. O peor aún, sin que existan pruebas de que haya cometido un delito.  

Manuel fue detenido en el sur de Guayaquil con 1.3 gramos de la droga conocida como H, una cantidad menor a la que entra en una cuchara pequeña. Nadie lo denunció y tampoco fue visto en un cruce de manos -la acción de vender droga-. Los agentes de seguridad decidieron requisarlo solo porque percibieron una “actitud evasiva de control”.

No importó que los exámenes toxicológicos evidenciaran su consumo recurrente, ni que se haya comprobado que ha pasado por varios centros de rehabilitación para tratar su problema. Hoy se enfrenta a una posible pena de 3 a 5 años en prisión por tráfico de drogas en mediana escala.

Su situación contradice tres normas. En principio, la presunción de inocencia: ese derecho bajo el cual todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Luego, una sentencia de la Corte Constitucional -de carácter vinculante- que especifica la necesidad de comprobar la intención de tráfico, y que además establece que “la presunción de inocencia no se desvanece por el sólo hecho de superar la cantidad máxima admisible” por las tablas del Código Orgánico Integral Penal (COIP).  

Finalmente, la situación en la que Manuel fue detenido contradice a la Constitución, esa norma madre que prohíbe la criminalización de los consumidores de droga.

Su caso solo empeora. La Fiscalía, cuyas únicas pruebas son el parte de aprehensión y la cantidad de droga encontrada, le ha recomendado someterse al proceso abreviado, es decir, declararse culpable para que puedan reducirle la pena, una sugerencia que descartó desde el primer momento, porque ¿quién se declararía culpable de un crimen que no cometió?

El caso de Manuel no es único. Es el de decenas de consumidores de droga en el país.

Según los registros administrativos de los centros de privación de libertad, en 2019 los delitos relacionados con drogas fueron los segundos que más se registraron, por debajo de los delitos contra la propiedad.

En total se detuvieron a 10.781 personas el año pasado, la mayoría por tráfico en menor y a mediana escala; cifra que inevitablemente despierta dudas: ¿cuántos realmente eran solo consumidores?, ¿cuántos prefirieron someterse al proceso abreviado para sortear la posibilidad de terminar menos años en prisión?

La cifra más cruel es el porcentaje de consumidores que siendo inocentes, tuvieron que pasar por el terror de ser revisados, cuestionados y detenidos: de acuerdo con información de la organización Parametría, del total de personas que inician un proceso por delito de drogas, el 25% son declaradas inocentes.

“¿Cómo se acusa a una persona de ser traficante por el hecho de tener 3, 4 o 5 gramos de heroína? ¿Qué criterio sigue la Fiscalía para determinar cuánta droga puede consumir una persona?”, se pregunta la abogada María de Lourdes Talbut de la Defensoría del Pueblo. La respuesta es que no existe, no hay ningún estándar o medida mundial que determine la cantidad exacta de porte o tenencia para el consumo.

En la experiencia de Talbut siguiendo varios de estos casos, los más criminalizados son jóvenes de escasos recursos, en situación de calle y que no cuentan con familiares que puedan demostrar algún tipo de arraigo para evitar la prisión preventiva. Ellos son acusados por fiscales que, asegura, no están especializados en temas de drogas.

“La ley es clara, hay una sola y hay que aplicarla tal cual, no hay lugar a interpretaciones aquí. Si la ley te dice que tienes que demostrar la intención de tráfico, entonces hay que demostrarlo. Al final los traficantes están libres y los consumidores en las cárceles” agrega la jurista, quien defendió a un joven de 25 años que estuvo en prisión preventiva por 6 meses, fue liberado tras comprobarse que era consumidor y no traficante.

"Manuel fue detenido en el sur de Guayaquil con 1.3 gramos de la droga conocida como H, una cantidad menor a la que entra en una cuchara pequeña".

Aunque no estuvo encarcelado, *Ítalo también es parte de la estadística de criminalización en el Ecuador.

Hace dos años un grupo de policías lo esposaron a él y a sus amigos por fumar marihuana en un parque de Guayaquil. Les tomaron fotos y los amenazaron con llevárselos presos. Finalmente, los agentes les pidieron dinero, pero como no tenían, tomaron sus celulares a cambio.

En otra ocasión, poco antes de la pandemia, un policía detuvo su moto en Salinas. Pese a tener sus documentos en regla, el oficial decidió requisarlo: “Encontró mi frasquito con un porro y me lo rompió”.

- ¿Qué es esta porquería?
- ¿Qué te pasa? Eso es mío, no puedes romperlo
- Deja esa porquería.

Entonces el policía le pateó la moto y la hizo caer. Cuando trató de defenderse se puso violento y le dañó uno de los retrovisores.

El testimonio anterior fue tomado a partir de una encuesta realizada en octubre por la organización Guayaquil Cannábico, sobre la criminalización que sufren los consumidores.

- "A un pana le pesaron su cultivo de marihuana para autoconsumo con todo, maceteros, tierra, semilla, todo".
- "Nosotros fumamos en la calle, y a veces llega la ley y nos pegan puñetes en las costillas para que dejes de fumar ahí".
- "Me enjuiciaron por fumar weed en la calle, pasó un tiempo y me encerraron en una clínica".
- "En el Malecón de la Universidad Guayaquil, mi hermano y yo, la policía nos vio, requisó y amenazó con avisar a las autoridades".
- "Los policías me rompieron la cabeza".
- "Estaba caminando con mis panas y fumando, entre cuatro policías nos pidieron dinero".
- "En Mucho Lote 2, los policías te amenazan diciéndote que te pueden poner H en los bolsillos si te ven consumiendo".

Las respuestas evidencian maltrato y abuso de poder.

Los umbrales de castigo

Con el fin de reforzar el artículo 364 de la Constitución que establece la no criminalización de los consumidores, en el 2013 el entonces Consejo para el Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) elaboró una tabla que permitía a los operadores de justicia diferenciar los niveles de tráfico y evitar la penalización del consumo por tenencia o posesión. Allí se establecieron también las escalas de castigo.

Cuando parecía que Ecuador avanzaba por buen camino en la descriminalización del consumo, la política pública decidió endurecer las tablas en 2015 bajo el discurso de “cero tolerancia contra las drogas” en el gobierno de Rafael Correa. Esta acción aumentó las penas en el tráfico de mínima y mediana escala y redujo las cantidades que definen la mínima y mediana escala.

Además, una resolución de la Corte Nacional de Justicia determinó la acumulación de penas por tenencia o posesión de varias sustancias hasta un máximo de 40 años de cárcel.

El resultado de esta tabla logró medirse un año después de implementada: aumentó en un 60% el número de personas penalizadas por estos delitos; quienes antes eran detenidos por tráfico a mínima escala, pasaron a ser detenidos por tráfico en escalas mayores.

Así, por ejemplo, las detenciones por mínima escala disminuyeron en un 46%, mientras que por mediana escala aumentaron en un 139%, y por alta escala subieron en un 480%. Quienes con la tabla anterior podían recibir de 2 a 6 meses de cárcel, pasaron a recibir penas de 3 a 5 años.

Sin embargo, a pesar del aumento de las penas, las cifras del narcotráfico no han dejado de crecer hasta la actualidad. Según la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2019 se decomisó 54 toneladas de drogas; en el mismo periodo en 2020, esta cantidad se elevó a 84 toneladas.

“56.262 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 1.050 kilogramos de base de cocaína, 334 de heroína, 23.122 kilogramos de marihuana, se han desarticulado 130 bandas delictivas, se detuvo a 758 personas inmersas en casos con sustancias estupefacientes y psicotrópicas”, señaló el vocero institucional de la Policía Nacional en Quito, Christian Rueda.

¿Una norma que contradice a la Constitución?

En agosto de este año se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica Contra el Consumo y Microtráfico de Drogas, aprobada por la Asamblea Nacional en julio. Este controvertido cuerpo legal ha despertado críticas desde los sectores que piden parar con la criminalización del fenómeno socio económico de las drogas en Ecuador.

Héctor Yépez, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos que abordó la ley y la aprobó para su debate en el pleno legislativo, indica que la norma prohíbe el consumo de drogas en espacios públicos, sin importar la cantidad que se posea, pero “sin criminalizar”. Con esto último se refiere a que el consumidor no será detenido, pero sí se le pueden imponer sanciones administrativas, trabajo comunitario, multas e incluso la internación en centros de rehabilitación de drogas.

“Parte de la prevención está en no normalizar el consumo de drogas, ¿cómo podemos hablar de prevención si al mismo tiempo se autoriza?, porque no hay ninguna ley que lo prohíba, que los parques estén secuestrados por la droga, esto en Quito en Guayaquil es 50 veces peor”, sostiene el legislador.

Yépez asegura que desde que se aprobaron las “tablas de drogas” se ha registrado un crecimiento del consumo, especialmente en las calles y lugares públicos. Defiende la ley y señala que uno de sus puntos más importantes es la disposición que hace de los recursos incautados del narcotráfico. “Que se destine a prevención y rehabilitación, porque en el tema de rehabilitación el 90% pasa por un factor que son recursos”, dice.

A primera vista, el dilema de esta normativa pasa por su nombre “Ley contra el consumo”, que según el jurista e investigador Jorge Paladines es el espíritu de la norma. “Tiene un nombre que deja entrever su espíritu moral y prohibicionista, el nombre completo de la ley es el espíritu de la ley. Está dirigida a la posesión, a extraer del espacio público, a negar, a desconocer, a detener a usuarios de drogas en el espacio público”, explica.

Aunque Yépez habla de no criminalizar, esto no implica despenalización. Es decir, si bien el consumidor no será detenido, sí recibe otro tipo de penas.

El artículo 17 de esta ley pide reformar el 434.1 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, estableciendo que se prohíba el consumo de sustancias sujetas a fiscalización en los espacios públicos o en establecimientos y eventos de concurrencia masiva, según lo regulado por la ordenanza municipal o metropolitana que se emita para el efecto.

De este articulado deviene otra duda: si no se puede consumir en el espacio público, ¿dónde sí se puede consumir? En pocas palabras, este artículo relega el consumo únicamente a espacios íntimos, como el hogar, sin considerar que no todas las personas viven bajo un techo propio y que muchas veces estos espacios pueden ser compartidos por menores de edad.

Entonces, si hay espacios para consumir drogas lícitas como alcohol y tabaco, ¿dónde pueden los usuarios de drogas consumir de manera segura? Ninguna ley ecuatoriana lo aborda.

“El espacio público es propiedad de los ciudadanos. El Municipio debe regular el espacio público en el sentido de que así como organiza espacios regulados para el uso de alcohol, también debería regular -porque tiene que reconocer el derecho- de los espacios para consumo de drogas, como lo hacen otros países, ¿o está mandando a los usuarios de drogas a la clandestinidad, o en este caso a la criminalización y persecución policial?”, cuestiona Paladines.

El debate de la regulación y legalización

Es un debate del cual poco o nada se habla en nuestra política pública, a diferencia de la academia y la comunidad científica que sí han colocado este enunciado como motivo de análisis profundo, lejos de los estigmas, los principios morales, religiosos o ideológicos.

Mientras tanto, esta problemática sigue robando vidas: en solo una década, cientos de miles de personas en todo el mundo han muerto como víctimas colaterales de la prohibición.

El mayor esfuerzo global para introducir reformas fundamentales en la política sobre este fenómeno socioeconómico reposa en la Comisión Global de Política de Drogas, una organización conformada por expresidentes, exprimer ministros, miembros de diversos organismos multilaterales, así como escritores y premios Nobel. En su informe 2020 sobre “La aplicación de las leyes de drogas”, piden a los Estados que reconozcan las consecuencias negativas de los enfoques represivos de la aplicación de ley en materia de drogas, que a su vez ha forjado y fortalecido a las organizaciones delictivas.

El eje lógico que esta Comisión expone es que las respuestas militarizadas ante los grupos delictivos, solo provocan una especie de carrera armamentista para que los agentes de la delincuencia se militaricen aún más, contribuyendo al aumento en los niveles de violencia. Ecuador vive esta dura realidad con mayor énfasis en sus fronteras.  

En el país el 97,7% de personas sentenciadas en los últimos años son como consecuencia del tráfico ilícito de drogas, además, un tercio de nuestro sistema penitenciario está ocupado por este grupo, de acuerdo a un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la detención arbitraria en relación con las políticas de fiscalización de drogas.

“Con el prohibicionismo y el punitivimo lo único que hemos conseguido es convertirnos en garantes de los niveles de rentabilidad que tiene este negocio criminal, las mafias que lo manejan tienen al mejor socio en el sistema político mundial y en la política pública, internacional”, comenta Rodrigo Vélez, fundador de Parametría y uno de los precursores de la primera tabla de consumo de drogas elaborada por el extinto Consep.

El análisis que realiza Vélez, quien se ha dedicado a estudiar de cerca este fenómeno socioeconómico en Ecuador, es que el peso de la “lucha contra las drogas” ha caído desproporcionadamente en las comunidades más pobres y grupos vulnerables, y no como debería ser, en los grandes capos del narcotráfico.

Por ello estaría claro que la estrategia militar y prohibicionista que el país ha mantenido en los últimos 40 años, no funciona.

Además, el costo de esta guerra está sustentado en enormes rubros estatales, que bien podrían sumar a los grandes huecos presupuestarios que tienen la educación y la salud.

Cada año, en el mundo se gastan más de $ 100.000 millones en la aplicación de leyes de control de drogas. En 2015 Ecuador gastó $ 184 millones en el mismo concepto.

De este gasto, $ 97,4 millones fueron costos de improductividad, pues 1.082 personas fueron declaradas inocentes, detalla el estudio “Política de Drogas en Ecuador: un balance cuantitativo para transformaciones cualitativas”, publicado por Parametría en 2017.

El asambleísta Héctor Yépez cuestiona la teoría de la regulación, menciona que hay pruebas del aumento del consumo de drogas en las zonas de Estados Unidos en donde se ha legalizado estas sustancias, generando un daño mayor en salud.

Efectivamente, la legalización y regulación también presentan dilemas propios: la delincuencia organizada puede adaptarse a la regulación de los mercados de drogas o centrarse en otras economías ilícitas; puede mantenerse el mercado negro ya que un mercado legal no excluye el comercio ilícito; y estas bandas podrían llegar a suministrar otras drogas o nuevas variedades de drogas.

Conscientes de que el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas es una práctica social que no va desaparecer, a pesar del prohibicionismo que solo ha generado una enorme ola de violencia en el mundo, la Comisión Global de Política de Drogas propone una regulación cautelosa, gradual y basada en pruebas contrastadas, con el objetivo principal de reducir el uso de la violencia y modificar los patrones de comportamiento de estas bandas delictivas.

Una nueva clasificación de drogas

Las políticas de drogas que los Estados usan como fundamento para prohibir ciertas sustancias y permitir otras, están basadas en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de Naciones Unidas y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.

Sin embargo, esta distinción entre sustancias legales e ilegales no se basa en un análisis farmacológico, sino, en gran medida, en precedentes históricos y culturales, advierte la Comisión Global de Política de Drogas.

Además, se ha visto distorsionada por visiones con carga moral que acentúan la dicotomía entre ‘drogas buenas (legales) y drogas malas (ilegales)’.

La doctora Isabel Espinosa Soto, máster en Medicina Biológica Naturista y máster en Plantas Medicinales, critica que Ecuador está muy atrasado en investigación científica de sustancias sujetas a fiscalización.

A esto se suma el estigma moral sobre estas drogas, algunas de las cuales tienen altos potenciales medicinales, como el cannabis, cuyo uso en salud fue recientemente aprobado, aunque aún falta el reglamento que habilitará la praxis de la ley.

“En Ecuador los médicos generales pueden sacar su receta especial, simplemente la solicitan y pagan lo que cuesta el recetario, pero no tenemos suficiente formación. Hay mucho estigma, nos enseñan que los opioides solo receten neurólogos y oncólogos y no nos enseñan que también podemos aliviar el dolor de nuestros pacientes”, comenta Espinosa.

Esta investigadora trabaja principalmente con el cannabis, una planta ancestral que se ha usado por más de 6.000 años, pero empezó a vetarse desde 1930.

La ciencia ha concluido que sus propiedades, tanto del cannabinoide CBD como del THC, sirven para la epilepsia refractaria y otros síndromes convulsivos en la infancia; como analgésico para la espasticidad en varios tipos esclerosis y en personas con parálisis cerebral; como antiemético para quitar las náuseas intratables de la quimioterapia; y para aumentar el apetito en casos de anorexia por cáncer o SIDA, entre otros usos y tratamientos.

David Nutt, director de la Unidad de Neuropsicofarmacología de la División de Ciencias del Cerebro del Imperial College de Londres, ha advertido a los Estados sobre la necesidad de replantear la clasificación legal de sustancias de acuerdo a su peligrosidad real.

En su libro “Drugs Without the Hot Air”, revela estudios que ubican al alcohol como la droga más peligrosa de todas, por los daños que genera a quien consume y a terceros.  
 

Estos estudios que revelan las falencias en la clasificación de la peligrosidad de las sustancias, podrían servir también como invitación al mejor uso de los instrumentos jurídicos sobre medicamentos y seguridad de los consumidores, en lugar de promover leyes penales sobre drogas.

“El problema no son las sustancias, el problema es la estructura emocional de la persona, la estructura genética, la historia personal. No se trata de que quitemos o saquemos estas sustancias, sino los vacíos emocionales que tiene la gente, los conflictos familiares que tienen. Porque se puede abusar de cualquier cosa: el juego, el alcohol, esto es lo que se debe combatir”, dice Espinosa.

El abuso del consumo de drogas es un problema social que afecta la vida de miles de personas en todo el mundo, en Ecuador lo sufren aproximadamente 200.000 familias.

Pero el remedio que han ofertado por años los Estados ha resultado ser peor que la enfermedad: violencia, narcotráfico, sicariato, corrupción, sobrecarga en la justicia penal, criminalización de consumidores y hacinamiento en las cárceles son los daños colaterales de la guerra contra las drogas.

La oportunidad está en cambiar los enfoques y enriquecer el debate hacia una reforma eficaz de la política de drogas regida bajo los principios de protección de los Derechos Humanos, la salud, el desarrollo sostenible y la paz.

 

*La identidad del personaje principal y algunos de sus datos personales han sido cambiados por petición del entrevistado.