Pruebas | Vistazo

Pruebas

Opinión, Alfredo Pinoargote

Alfredo Pinoargote

Pruebas

Viernes, 16 de Junio de 2017 - 13:31
Desde hace 31 años, con el caso Fokker, se escucha por los meandros de la República el grito estentóreo de Carondelet que exige pruebas. Este alarido del poder se revitalizó en la década de la Revolución Ciudadana. Hace tres décadas los representantes del pueblo al menos gozaban de la inmunidad parlamentaria y acudían a la Fiscalía con denuncias documentadas de corrupción en ejercicio del mandato popular. 
 
Pero la impunidad es una aguamala que se mimetiza con el ambiente, y de la doctrina de la justicia relativa que proclamaba el presidente de la Corte Suprema de la dictadura militar se pasó con la partidocracia a la doctrina del delito sin delincuente. Se comprueba el ilícito pero los culpables no aparecen por ningún lado. 
 
De allí que la ordalía o juicio popular, aquel que se realiza mediante elecciones sin Estado candidato ni reelección indefinida, era en verdad el castigo que recibían los corruptos al ser rechazados por el pueblo en elecciones libres. Pero eso ya no existe. Tampoco la inmunidad parlamentaria porque la Revolución Ciudadana estatizó los órganos de control, sustrayéndoselos a la ciudadanía, y ahora esas denuncias son discrecionalmente declaradas falsas y temerarias, sin debido proceso como ordena la Ley, y el parlamentario denunciante despojado de su inmunidad. 
 
Sin embargo, del perfeccionamiento de la impunidad logrado en la década ganada por la corrupción, que exhibe el récord de cero juicios políticos a miembros del gabinete presidencial, algo ocurrió en el planeta de la aldea global. 
 
La Ley de los arrepentidos, creada en Italia durante los años de plomo del terrorismo de las Brigadas Rojas, se ha ido expandiendo. Primero para aplicársela a la mafia y perforar el sacrosanto sigilo de la omertá, inviolable código del silencio como blindaje de la Cosa Nostra.  
 
El éxito histórico del cantar de los arrepentidos fue ganando más espacio y el imperio lo institucionalizó contra el crimen organizado y el terrorismo. Tales han sido sus resultados que el capitalismo contemporáneo, para combatir la competencia desleal más que por razones éticas o morales, ha adoptado en su derecho penal esta figura con el nombre explícito de delación premia- da, o con el membrete vidrioso de cooperación eficaz como el COIP. 
 
Lo cierto es que el caso de corrupción conocido como Odebrecht se ha convertido en paradigma cuando el presidente de la compañía y 77 ejecutivos resuelven acogerse al ablandamiento de penas que ofrece la delación premiada. Dando una respuesta concreta a la prepotente exigencia de pruebas, pruebas, dónde están las pruebas.  
 
Y eso es lo que ha ocurrido con los sobornos pagados por Odebrecht en el Ecuador. Pues el 1 de junio terminó el sigilo del Supremo Tribunal brasileño que ocultaba esas pruebas pero en el Ecuador aún no se conoce el contenido de esta caja negra de la corrupción. Porque con cortinas de humo de allanamientos, apresamientos de intermediarios privados y un juicio político en ausencia, se distrae a la ciudadanía.