Andrés Páez, candidato a vicepresidente por el movimiento CREO, anunció este 27 de diciembre que de ser necesario viajará a EE.UU. en busca de información sobre los supuestos involucrados en presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en Ecuador por $33,5 millones.
Páez consideró que lo que el Gobierno ecuatoriano "debería hacer es simplemente acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos y pedir que la lista (de presuntos involucrados) se publique".
"Si es que hay un mínimo afán de transparencia, esa es la obligación del Gobierno", dijo Páez, candidato a vicepresidente de la fórmula electoral liderada por Guillermo Lasso, que según algunas encuestas está segundo en las intenciones de voto detrás del candidato Lenín Moreno, con miras a los comicios de 2017.
Páez apuntó que si el Gobierno no acude en busca de esa información, lo hará él.
"Acudiré ante el juez de la corte de Nueva York para presentarme como tercero interesado y para exigirle, a través de la normativa vigente en los Estados Unidos, que se revele esa lista porque el Ecuador exige conocer quienes son los autores de este nuevo atraco al Estado ecuatoriano", subrayó.
Detalló que primero presentará "un pedido, de manera formal, por los canales legales, regulares, para sustentar mi accionar e, inmediatamente, me desplazaré a los Estados Unidos si es que es del caso y si es que es necesario hacerlo", dijo.
Este 26 de diciembre, el Gobierno señaló que no aceptará "sin pruebas ni beneficio de inventario" las versiones de funcionarios de Odebrecht sobre supuestos sobornos de la empresa brasileña.
"Tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente 'negocia' su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio", indicó el Gobierno en un comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación (Secom).
Sobre el comunicado, Páez apuntó que "pensar que en los actos de corrupción se van a registrar documentos, recibos, comprobantes, facturas o escrituras es una barbaridad".
El pasado 22 de diciembre, el Gobierno de Ecuador exigió que sean revelados los nombres de quienes pudieron estar involucrados en supuestos actos corruptos "para determinar si hubo funcionarios involucrados en una presunta red de corrupción" o personas que, en nombre del Gobierno, "podrían haber cometido irregularidades".
Esa fue la primera reacción gubernamental después de que el 21 de diciembre se conociera información procedente del Departamento de Justicia de EE.UU., según la cual la constructora brasileña pagó aproximadamente $788 millones en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
El informe del Departamento de Justicia indica que en Ecuador, entre 2007 y 2016, la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de $35,5 millones a "funcionarios del Gobierno", lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, aseguró el jueves último en una conferencia de prensa que el Ejecutivo no va a proteger ni a encubrir a ningún responsable en eventuales actos corruptos, sino a favorecer las investigaciones. "No nos importa que caiga quien caiga", aseveró.
En torno al caso, la Fiscalía allanó la semana pasada las oficinas de Odebrecht en la ciudad de Guayaquil.
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