Sin fallo judicial terminó la audiencia preparatoria de juicio, que se desarrolló durante 4 días en el Complejo Judicial Norte, en Quito, en contra de 18 procesados en la red de corrupción de Petroecuador. La jueza Karen Matamoros anunció que serán convocados a la reinstalación para la resolución.
El último día de diligencia, que inició el 17 de enero de 2017, terminó pasada la medianoche del 21 de enero. El fiscal Juan Carlos Zúñiga ratificó su acusación contra 13 procesados como autores y a 5 como coautores, por su presunta participación en el delito de cohecho, por contar con suficientes elementos de convicción en su contra.
La Fiscalía sustentó su acusación con 52 elementos de convicción, entre ellos reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), emitidas por la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador ( UAFE), detalles de las transferencias a cuentas de los procesados, hojas de vida de los procesados con los períodos en que fueron funcionarios públicos de la estatal petrolera y listados de los contratos otorgados.
El fiscal solicitó la máxima pena por el delito de cohecho, tipificada en el inciso tercero del artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), de 5 a 7 años.
Pero varios de los abogados que participaron en la diligencia señalan que hubo un cambio de última hora en la sustentación fiscal. Según publica Paúl Ocaña, abogado de Arturo E., en su cuenta de Facebook, a último minuto el fiscal decidió reformular el delito, y acogerse al inciso segundo del mismo artículo del COIP, que sanciona con pena privativa de libertad de 3 a 5 años.
En una rueda de prensa, en el Complejo Judicial Norte, tanto Ocaña como la abogada Lorena Grillo insistieron en su denuncia, dijeron sentirse inconformes con el proceso y pidieron que "dejen en libertad a los detenidos al no haber pruebas en contra de ellos".
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