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Estrategia

Opinión, Alfredo Pinoargote

Alfredo Pinoargote

Estrategia

Viernes, 04 de Agosto de 2017 - 12:26
Desde el 26 de diciembre, hace 7 meses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló detalles comprobados de más de 700 millones de dólares pagados en sobornos por Odebrecht a funcionarios de gobierno en 12 países de América Latina incluyendo el Ecuador. 
 
Esto es lo pagado a través del sistema financiero de Estados Unidos, el total llegaría al triple. Hasta el momento sobresalen el Ecuador y Venezuela como los países donde menos se conoce a los funcionarios públicos involucrados, pese a que ya se sabe cuáles son los contratos de esos sobornos. 
 
Esto no parece un accidente, sino una estrategia que sigue la política de Estado de proteger a esos funcionarios. Para el efecto se ha forjado una bien estructurada combinación de factores, como el sigilo judicial de la justicia brasileña a las delaciones de 77 ejecutivos de Odebrecht que jurídicamente es otro proceso que el de Estados Unidos. En todo caso, cuando se maneja todas las funciones del Estado fluye como si nada que ese sigilo brasileño se haya aplicado a Estados Unidos.  
 
El ejecutivo envió a su abogado para contratar abogados en Brasil que monitoréen directamente la situación, sin que hasta el momento la oposición parlamentaria ecuatoriana se haya hecho presente en Brasil ni pedido siquiera el contrato de esa asistencia abogadil. De allí que cuando el sigilo terminó hace dos meses, el 1 de junio, el Procurador del Brasil nombrado por la destituida Dilma Roussef interpretó que únicamente se levantaba el sigilo para el Fiscal del Ecuador, quien desde entonces es la caja de seguridad que guarda esa información. 
 
Sin embargo, el 2 de junio en un operativo nocturno espectacular de allanamientos y detenciones generado por la rotura del sigilo se apresó a supuestos testaferros privados de los funcionarios corruptos y a exfuncionarios de tercera categoría. No cayó ni un pez gordo. Ni siquiera el único que estaba en el operativo, el Contralor de la década corrupta, que desde Miami había emitido poder a sus abogados antes del operativo. 
 
Renunció, fue juzgado políticamente en ausencia y censurado por la Asamblea que exhibió como trofeo esta censura cuando lo que al final de cuentas configuró fue asegurarse de que la caja negra de la corrupción quede sellada para siempre en el paraíso fiscal de la Florida, santuario tradicional de los prófugos criollos. Esa es la verdad de la milanesa. 
 
Entre tanto un goteo bien planificado sigue yéndose por las ramas aunque se atisba la remota posibilidad que crezca una corriente de opinión ciudadana que lleve al poder fáctico que maneja la República a cortar de un tajo esta situación con un chivo expiatorio identificado con las iniciales JG. 
 
Esta sería la salida del nuevo estilo que deja atrás la confrontación, ya que normalmente estas situaciones de corrupción generalizada se resuelven mediante el voto popular, una suerte de ordalía o juicio del pueblo, que sustituye a las condenas penales. Como eso no ocurrió en las elecciones el tajo funcionaría.