Henry Kronfle: "El país necesita una gran concertación público-privada"
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Henry Kronfle Kozhaya viene repitiendo desde hace varios años que para cambiar la matriz productiva, el país necesita una gran concertación público-privada. Eso ha convertido en su lema. Este ingeniero mecánico de 42 años, especializado en Ingeniería Nuclear y Finanzas, es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, de la Cámara de Industrias de Guayaquil y de la Asociación de Industriales Latinoamericanos.
Durante este gobierno, Kronfle ha sido instrumental para lograr que empresarios privados se sienten con funcionarios públicos a hablar de temas como la restricción a las importaciones, el Código de la Producción y la necesidad de crear el Ministerio de Comercio Exterior que acaba de cumplir su primer año. Incluso acompañó a la comitiva que viajó con el Presidente a negociar un acuerdo con la Unión Europea.
Pero una declaración suya durante el foro ‘Fortalecimiento de la dolarización’, realizado en Guayaquil, ha inflamado los ánimos en el gobierno. En el evento, Alberto Acosta Burneo había explicado que el gasto público pasó de representar el 21,2 por ciento del Producto Interno Bruto en 2006 a 44,4 por ciento en 2013 y que la inversión pública se expande a un ritmo mucho más rápido que la privada. Una alternativa para bajar el gasto público, dijo Kronfle respondiendo a una inquietud de la prensa, es “una ley de alianza público-privada”. Esta ley permitiría a empresarios invertir en infraestructura y servicios para el Estado, y gestionarlos como concesionarios por un tiempo determinado. “¿Por qué el Gobierno tiene que hacer todos los hospitales, todas las cárceles, todos los puertos, todos los aeropuertos, todas las escuelas?, cuando hay un sector privado dispuesto a invertir en estos sectores”, cuestionó.
Para el presidente Rafael Correa, Kronfle ha pasado de ser un emprendedor para el que tenía solo palabras de elogio, a ser parte de “una élite empresarial” que quiere dar la impresión de “que el Gobierno está quebrado, que el Gobierno no tiene liquidez” y que se confabula para perjudicarlo con miras al 2017. Incide también, obviamente, el hecho de que el CEE haya presentado un Amicus Curiae (un recurso legal de tercero interesado) ante la Corte Constitucional para sugerir que algunas de las enmiendas constitucionales que propone el Presidente, entre ellas la de la reelección indefinida, deben ser realizadas por una Asamblea Constituyente y no por la Asamblea Nacional.
En julio, el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, invitó a empresarios a ser "socios" del Estado invirtiendo en proyectos hídricos, mineros y de hidrocarburos. ¿La idea de que el sector privado invierta en proyectos estatales nace del gobierno?
El gobierno planteó la inversión en esos proyectos. Hay inversión privada ecuatoriana en pequeños proyectos hidroeléctricos. Hay también empresas nacionales prestando servicios hidrocarburíferos. Pero los grandes proyectos estratégicos, entre esos los hidroeléctricos, los construyen empresas extranjeras con financiamiento de sus gobiernos. Ahí no hay cabida para el emprendimiento nacional.
¿Cómo explica la reacción severa del Presidente a la idea sugerida por usted de que se logre una alianza público-privada?
No lo entiendo. La alianza público-privada permitiría ampliar los servicios públicos sin tener que incurrir a endeudamiento extranjero y con reducción de costos en la construcción.
Perú y Colombia ya tienen una ley que permite las alianzas público-privadas, ¿en qué los beneficia?
El marco legal para la alianza público-privada en Colombia y Perú es nuevo, quien tiene más experiencia es México. El gobierno mexicano destaca que le permite ampliar la cobertura de servicios sin incrementar el endeudamiento, las instalaciones se obtienen dentro de los plazos y costos programados, transfieren a los privados los riesgos para los que el sector privado está mejor preparado que el público.
¿Usted le había planteado antes al gobierno esta idea de alianza, y cuál fue la reacción?
No generó rechazo ni suspicacia alguna. Tampoco entusiasmo. Yo consideraba que estaban evaluando la iniciativa.
Gran parte de los proyectos públicos se financian con créditos de China. ¿Cuál sería la ventaja de que los financien inversionistas ecuatorianos?
Sería una ventaja que fuese no deuda externa sino riesgo de inversionistas nacionales y extranjeros. Porque cuando los inversionistas nacionales arriesgan, los extranjeros los emulan. No aumentaría la deuda y por lo tanto el riesgo sería de quienes ponen el capital.
Blasco Peñaherrera, de la Cámara de Comercio de Quito, no apoya esta idea. ¿Hay un distanciamiento entre gremios empresariales?
Los empresarios somos –como cualquier ciudadano– personas que tenemos nuestro criterio sobre los temas que nos preocupan. Es muy natural que no siempre coincidamos en todo y cuando discrepemos, lo hagamos con tolerancia y altura. Respeto los criterios que como ciudadano y presidente de la Cámara de Comercio de Quito, tiene mi amigo Blasco Peñaherrera en este tema.
En un gobierno tan mediático, quizá la idea de la alianza público-privada hubiera tenido oportunidad de éxito si se hubiese negociado con bajo perfil permitiendo que el gobierno haga el anuncio...
Nosotros no hicimos un anuncio, solo pusimos nuevamente sobre la mesa algo que habíamos discutido desde hace mucho tiempo atrás con la exministra Coordinadora de la Producción y actual embajadora en Washington Nathalie Cely. En estos días, volvió el tema como una respuesta a una pregunta, y lo pusimos como ejemplo de cómo la inversión privada puede colaborar con los objetivos del gobierno. Lo que pasa es que la idea llamó la atención por innovadora.
¿Es el elevado gasto público realmente motivo de preocupación?
La inversión pública por sí sola genera poco empleo y riqueza. Esa no es una crítica, ya que para lo que sirve la inversión pública es para crear un entorno más atractivo a la inversión privada que produce los bienes y servicios que quiere la población. Pero si el entorno regulatorio es hostil, la inversión privada es insuficiente. Y sin inversión privada no hay más producción y empleo que a la postre resulta en mayores recaudaciones tributarias que permiten servir la deuda. No sería conveniente que la deuda externa siga creciendo más que la economía (el PIB).
Usted es de la idea de fortalecer la dolarización mientras que en el gobierno se habla de apoyar una moneda regional que reemplace eventualmente a las monedas nacionales, en nuestro caso al dólar.
El Presidente nunca estuvo de acuerdo con la dolarización, pero la acepta pragmáticamente. El reemplazo por una moneda regional es una meta para un futuro muy distante. El canciller Ricardo Patiño, quien no es precisamente un panegírico de la dolarización, observó acertadamente que la moneda regional no puede darse sin que existan políticas públicas comunes. Los actuales problemas de la eurozona ilustran los peligros de la adopción precipitada de una moneda común. Y eso que el proceso europeo de integración económica ya llevaba 50 años antes de la adopción del euro.
El Comité Empresarial Ecuatoriano se ha pronunciado en contra de la enmienda que permitiría la reelección indefinida...
No nos pronunciamos en contra, eso es incorrecto. Nos pronunciamos acerca de las vías para hacer la enmienda conforme lo que se quiere cambiar y lo que dicta la Constitución.
El Presidente critica a “ciertas élites empresariales que hablan español y piensan en inglés”. ¿Usted se siente aludido?
No sé a qué élites se refiere. En todo caso no a los empresarios nacionales.
Para el gobierno todo este asunto se ha tratado de una estrategia de la oposición. ¿Tiene usted aspiraciones políticas?
Pronto comenzarán a vencer los períodos de los cargos a los que fui elegido en varios organismos empresariales; como creo en la alternancia, no me postularé para la reelección. Y cuando haya dejado la presidencia de todos esos organismos, retomaré mis funciones en las diferentes actividades empresariales a las que me debo.
