La extradición les quita el sueño a los narcos
“Prefiero una tumba en Colombia, que una cárcel en Estados Unidos”. Esta frase se atribuye al narco colombiano Pablo Escobar, quien cubrió ese país con un manto de sangre y violencia, a mediados de los años 80, ante la amenaza de la extradición a Estados Unidos. La Constitución ecuatoriana instituyó en 2008 la prohibición para que ciudadanos de este país sean extraditados a terceras naciones.
Bajo este paraguas, dos de los principales capos de la droga ecuatorianos (Gerald y el Gato Farfán) intentaron evadir la justicia internacional. Gerald fue el zar del transporte de cocaína por mar. El Gato Farfán, el amo del tráfico en avionetas. Ambos cayeron, en distintos momentos, en manos de la justicia colombiana. Y desde ese país fueron llevados a cárceles de los Estados Unidos. A partir de ese momento perdieron el mando y control sobre las estructuras criminales que enviaban la droga hacia Centro y Norteamérica.
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La consulta popular lanzada en el gobierno de Guillermo Lasso, a fines de 2022, incluía entre las ocho preguntas una específica sobre extradición.
En esencia, la pregunta buscaba consultar al elector si conviene o no incluir en la Constitución ecuatoriana la figura de extradición, cuando se trate de integrantes de grupos de crimen organizado.
Los chats revelados en el caso Metástasis, a partir de la investigación de Fiscalía, muestran que Leandro Norero se jugaba el todo por el todo para impulsar el NO a la extradición. Detenido en mayo de 2022, en la cárcel de Cotopaxi, temía ser extraditado hacia Estados Unidos. Allí habría perdido todo contacto con la estructura criminal que lideraba: sus abogados defensores, su círculo de amigos de confianza, su red de testaferros.
En febrero de 2023 se realizó la consulta, y de hecho se convirtió en una suerte de termómetro a la aceptación del gobierno de Lasso. Todo indica que el país no comprendió la magnitud del cambio. En 2023, precisamente, Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de la región, cuando la tasa de criminalidad pasó a 45 por 100 mil habitantes.
Este domingo 21 de abril, la consulta popular volverá a incluir esta pregunta a los electores.
La importancia de incorporar esta figura en la constitución vigente es indiscutible. Es un mecanismo para destruir a organizaciones narcodelictivas, porque cuando su líder es procesado y cumple sentencia en una cárcel estadounidense, la estructura se resquebraja, advirtió un investigador que siguió la pista de algunos de estos capos.
“La extradición funciona porque los capos pierden el poder de mando, mientras estén en cárceles de Ecuador, de la región, siguen manejando rutas y comunicaciones”.
Otra de las preguntas tiene que ver con la propiedad de los bienes adquiridos con la plata de los delitos. Para investigadores, el país necesita mecanismos para apropiarse de los bienes del narco. De hecho, los abogados defensores de Gerald buscan los caminos para que su familia recupere bienes por casi 20 millones de dólares, incautados en Ecuador. Si bien se detectó que él tuvo una red de testaferros, algunos de los cuales fueron sentenciados por enriquecimiento ilícito no justificado, ellos buscan ahora recuperar las propiedades.
