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Opinión, Alfredo Pinoargote

Alfredo Pinoargote

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Jueves, 26 de Enero de 2017 - 17:12
Se queda corto el optimismo del Fiscal Galo Chiriboga, expresado ante el pleno de la Asamblea, de resolver el caso Odebrecht sin la información de la fiscal Loretta Lynch de EE.UU. Pues las últimas revelaciones, que deben verificarse con la Fiscalía del Brasil, no cubren la década de la administración Correa. En consecuencia, esas revelaciones acerca de 2 décadas de la partidocracia corren el riesgo de convertirse en cortina de humo de campaña electoral.
 
Más allá del juzgamiento a los involucrados, que sería inevitable si se aplica el mandato constitucional de que son imprescriptibles los delitos contra la administración pública, en el fondo late un modelo de contratación basado en los proyectos llave en mano o lleve hermano, sustentado por el financiamiento del Banco de Desarrollo del Brasil, que escaló el pedestal de política de Estado en el Ecuador. Y no solo para la partidocracia sino para la Revolución Ciudadana. 
 
Por lo mismo existen dos etapas bien marcadas, antes y después de 2007, por consiguiente, no puede haber la exclusión de ninguna de las dos. Ya que este tipo de contratos no solo comprenden al gobierno que los firmó sino también a quienes los ne- gociaron antes de la firma, fiscalizaron la ejecución, y recibieron el proyecto terminado. 
 
Tanto es así que el presidente Correa expulsó a Odebrecht en 2008 porque 7 meses después de haber inaugurado el proyecto hidroeléctrico San Francisco, contratado en el gobierno de Gustavo Noboa y fiscalizado en los de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, colapsó por fallas técnicas. Y todos los contratos en curso de Odebrecht eran herencia de gobiernos anteriores. 
 
Pero el problema salta el 21 de diciembre de 2016 con el párrafo 57 del acta del Departamento de Justicia que textualmente señala que entre 2007 y 2008 Odebrecht experimentó en el Ecuador problemas relacionados con un contrato de construcción, y acordó con un intermediario con el funcionario de gobierno con control sobre contratos, hacer pagos al funcionario para solucionar los problemas. 
 
El asunto es que en 2010 Odebrecht fue rehabilitada como contratista del Estado, y desde 2011 hasta 2015 suscribió contratos por un total de $ 3.267 millones frente a $ 1.452 millones firmados en 20 años de partidocracia.
 
De estos $ 3.267 millones firmados en 5 años, al Gobierno Nacional le corresponden $ 1.174 millones y al Municipio de Quito $ 2.093 millones. 
 
Con el Gobierno Nacional en 2011 para las centrales hidroeléctricas Pucará $ 18 millones y Manduriacu $ 124 millones, en 2013 para la Refinería del Pacífico dos contratos por $ 512 millones, en 2013 también por el poliducto Pascuales-Cuenca $ 269 millones, y el trasvase Daule-Vinces $ 251 millones. Con el Municipio de Quito en 2012 por la Ruta Viva $84 millones y en 2015 por la fase 2 del Metro $ 2.009 millones.  
 
Resulta así que Jorge Glas, Augusto Barrera y Mauricio Rodas son los principales funcionarios con responsabilidades que deben ser seriamente investigadas.