Interferencia | Vistazo

Interferencia

Opinión, Alfredo Pinoargote

Alfredo Pinoargote

Interferencia

Viernes, 16 de Diciembre de 2016 - 09:46
El decreto presidencial de convocación a consulta popular, que el CNE indebidamente ha dispuesto realizar el día de las elecciones, contiene las evidencias del abuso que se comete. No es una consulta contra los paraísos fiscales, no establece medida alguna contra esos agujeros legales, sino contra los ciudadanos ecuatorianos que aspiren a ser elegidos o designados para un cargo público.
 
Tener activos en un paraíso fiscal resulta accesorio, pues los exfuncionarios corruptos que no quieran volver al servicio público pueden jubilarse para seguir gozando el blanqueo de sus trapos sucios en esas lavanderías internacionales. 
 
El decreto presidencial enumera detalladamente las 8 reformas tributarias contra esos paraísos dictadas en 10 años de gobierno del presidente Rafael Correa. Y eso es lo que debería hacerse, profundizar esa guerra. Pero de eso nada nuevo a pesar de que Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía 2001 y referente del economista presidente Correa, en noviembre 15 entregó al Parlamento Europeo un estudio con 12 recomendaciones para combatir ese lado oscuro de la globalización, que constituye un problema como el terrorismo o el cambio climático. 
 
La constancia plena de este disparate se encuentra en la pregunta de la consulta que ordena que en el plazo de un año la Asamblea Nacional reformará la Ley de Servicio Público y el Código de la Democracia, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo. Y agrega que en ese plazo de gracia los servidores públicos que tegnan bienes y capitales en esos paraísos deberán acatar el mandato popular. 
 
Ese plazo da el cómodo espacio de un año suficiente para ubicar los activos en otros países que no estén en la lista de paraísos del SRI, pues no dispone la consulta la repatriación de esos activos al Ecuador como falsamente se pretende hacer creer a los tragabolas.
 
De yapa la consulta deviene jurídicamente ineficaz, porque el año de gracia permite firma con Panamá un acuerdo de transparencia fiscal, con información inmediata de los respectivos servicios de rentas, para eliminar a ese país de la lista del SRI mediente simple resolución ya que para eso no se requiere ni acuerdo ministerial. 
 
Si realmente se trata de una guerra anti paraísos la Asamblea ha desperdiciado ya 7 meses para aprobar un proyecto de ley en ese sentido. Sin ningún problema dado que la función legislativa es controlada en combo por el presidente Correa y la mayoría calificada de Alianza País, sometida por juramento público de lealtad a la voluntad de su presidente. 
 
En consecuencia, está más claro que el sol del mediodía que la consulta descaradamente persigue entrometerse en la campaña electoral para redondear la presencia inconstitucional del estado candidato. Se maquilla ese desacato ordenando que la reforma al Código de la Democracia se haga en un año, porque es violación flagrante cambiar los requisitos para ser presidente de la república el mismo día que se lo elige.  (O)