El corazón les está dictando
El inversionista no busca sesudos planes de desarrollo industrial, no requiere de excelentes funcionarios que impulsen diálogos, ni de bien intencionados gobernantes. El inversionista pide seguridad.
La más reciente propaganda del gobierno revela los valores de la Revolución Ciudadana. Dice el jingle: “Si esto es una dictadura, nos estuvieron engañando. Hasta hace poco yo creía que un dictador era un tirano. Yo lo que veo en las calles, es un país que está cambiando. Veo escuelas por todas partes y menos niños trabajando.”
Según la lógica oficialista, mientras la población reciba tantos beneficios, es irrelevante el régimen político que se esté construyendo. El fin de la política pública es más importante que los medios que se utilicen para alcanzarlo. ¿Cómo puede llamarse dictador a quien ha hecho tanto bien al pueblo?
La misma pregunta se planteó Francia en el siglo XVIII. Los monarcas del Antiguo Régimen defendieron su papel de dictador benevolente (gobernante paternalista guiado por la razón). En esa época los problemas del Estado se solucionaban con colaboradores calificados para impulsar el desarrollo.
A pesar de los beneficios que pudo haber logrado esa administración ilustrada, el absolutismo francés fue sustituido por un esquema superior: el gobierno constitucional que no dependía de las aptitudes ni buena voluntad del monarca. La Revolución Francesa reemplazó el Antiguo Régimen por los principios de libertad, igualdad y fraternidad. La nueva visión trajo mayores libertades. Se creó el Estado moderno como mecanismo de defensa del hombre de otros hombres. ¿Pero quién nos defiende del Estado?
La clave está en la separación de poderes que impulsó Montesquieu. A través de un sistema de controles y contrapesos se obliga a cooperar a todas las funciones del Estado manteniendo su independencia y equilibrio. Estos principios han sido introducidos en la mayoría de constituciones del mundo.
En Ecuador, la Constitución de 2008 hizo un trabajo deficiente al momento de definir el esquema de contrapesos. Se otorgó amplios poderes a la función Ejecutiva para que lidere sobre el resto de funciones. Correa explicó en 2009: “El presidente de la República, escúchenme bien, no es solo el jefe del Poder Ejecutivo, es el jefe de todo el Estado Ecuatoriano y el Estado Ecuatoriano es: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social, superintendencias, procuradurías, Contraloría. Todo eso es Estado ecuatoriano.”
He aquí el origen de la dificultad del Ecuador para generar un ambiente de seguridad para la inversión tanto nacional como extranjera. El inversionista no busca sesudos planes de desarrollo industrial, no requiere de excelentes funcionarios públicos que impulsen diálogos público privados, ni de bien intencionados gobernantes. El inversionista pide seguridad.
La receta para generar seguridad no es nueva. Por varios siglos muchos países vienen aplicándola con éxito. Hay que superar los experimentos constitucionales e ir hacia un nuevo ordenamiento fundamentado en el balance de funciones. Uno en el que todos los ciudadanos, incluyendo los inversionistas, podamos contar con instituciones que nos defiendan del Estado. Las sociedades democráticas no se construyen en base a corazones que dictan y a ciudadanos que toman el dictado.
